Proyecto que obligará a asesores fiscales a informar sobre mecanismos de planificación

06-04-2018

El 13 de marzo de 2018, el Consejo ha logrado un acuerdo sobre una propuesta destinada a impulsar la transparencia para hacer frente a la planificación fiscal agresiva de dimensión transfronteriza con el fin de detectar los riesgos de elusión fiscal.

El citado proyecto obligará a los intermediarios como los asesores fiscales, contables y abogados que diseñan o promueven mecanismos de planificación fiscal a informar de los supuestos que se consideren potencialmente agresivos.

Por otro lado, se exigirá a los Estados miembros que intercambien automáticamente la información que reciben a través de una base de datos centralizada. Esto posibilitará que se detecten antes los nuevos riesgos de elusión fiscal y que se tomen medidas al respecto.

Los Estados miembros estarán obligados a imponer sanciones a los intermediarios que no cumplan las medidas de transparencia, todo ello en el marco de evitar la elusión fiscal y, en su caso, delito fiscal.

A los Estados miembros les resulta cada vez más difícil proteger sus bases imponibles de la erosión, ya que las estructuras de planificación fiscal transfronteriza han adquirido una mayor complejidad, de hecho últimamente estamos leyendo y escuchando continuamente noticias sobre las estructuras de las grandes empresas del sector de las nuevas tecnologías. Este proyecto de Directiva está destinado a evitar la planificación fiscal agresiva a través de un mejor control de las actividades de los intermediarios fiscales (especialmente asesores fiscales, contables y abogados).

El proyecto de Directiva establece «señas distintivas» para identificar los tipos de mecanismos que deberán comunicarse a las autoridades fiscales. La obligación de informar de un mecanismo no significa que este sea pernicioso, tan solo que puede ser de interés para que las autoridades fiscales lo analicen con más detenimiento. Aunque muchos mecanismos tienen finalidades totalmente legítimas, el objetivo de la Directiva es detectar aquellos que no las tengan.

La propuesta refleja a grandes rasgos la acción 12 del plan de acción de la OCDE de 2013 para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

Siguientes etapas

Se ha llegado a un acuerdo en una sesión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, por lo que el Consejo adoptará la Directiva sin más debate una vez que el texto haya sido ultimado en todas las lenguas oficiales.

Los Estados miembros disponen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 para incorporarla a su ordenamiento jurídico nacional.

Los nuevos requisitos de comunicación se aplicarán a partir del 1 de julio de 2020. Los Estados miembros estarán obligados a intercambiar información cada tres meses, en el plazo de un mes a contar desde el final del trimestre en que esta se haya presentado. Por tanto, el primer intercambio automático de información se completará a más tardar el 31 de octubre de 2020.

La Directiva requiere unanimidad en el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo. El Parlamento aprobó su dictamen el 1 de marzo de 2018.

Esta es una nota meramente informativa, para más información relativa a inspecciones de hacienda y delito fiscal pueden ponerse en contacto con nosotros, y atenderemos todas las dudas y cuestiones que le puedan surgir.

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